La quinta Las Mercedes, como fue nombrada por el general Eleazar López Contreras en honor a su hija, es apenas la ruina de la mansión culminada en 1942. De aquella estructura neocolonial no quedan los techos originales ni el vestigio de la democracia que representó su primer dueño tras 27 años de dictadura gomecista.
Johanna Osorio Herrera. 16/3/2018.
Un patio central con corredores, y un frondoso árbol de mango piña engalanan la vista desde el balcón de la quinta Las Mercedes que un día perteneció a Eleazar López Contreras. Las barandas de hierro forjado son la extensión del cuarto más amplio de La Casona, como es conocida popularmente, donde habitó el general con su familia, tras su mandato entre 1936 y 1941.
Pero haber sido el hogar del presidente que representó el regreso de la democracia, perdida durante la dictadura de 27 años de Juan Vicente Gómez, no garantizó a esta estructura neocolonial el cuidado de sus posteriores dueños. Más de siete décadas después de su edificación, Las Mercedes es apenas ruinas de lo que representó. Techos caídos, modificaciones inapropiadas, y años de abandono han permeado en sus cimientos y en su significado histórico para La Quebradita, localidad donde se ubica en el sector San Martín, de Caracas.
Construida entre mayo de 1941 y marzo de 1942 por el arquitecto puertorriqueño Hernando Hernández Batista, la quinta fue el hogar donde se asentó el general hasta su exilio, en 1945, inducido por el golpe de Estado contra el gobierno de su sucesor, Isaías Medina Angarita. Desde entonces, ha sido utilizada como colegio en dos oportunidades, refugio de indigentes y prostitutas, y ha sido ocupada y desocupada por la comunidad incontables veces.
La Casona, 13 años a merced de indigentes
Luis Rangel, comunicador social y educador que ha registrado la historia del recinto desde hace 13 años, atribuye el daño actual de La Casona de López Contreras a “la mala decisión del Ministerio de Educación en 1984”, cuando fue desocupada por segunda vez.
“Hay dos orígenes claros del problema de la quinta Las Mercedes. El primero es el exilio de López Contreras en 1945, porque a partir de ese momento cambia el uso que se le da a la casa, y pasa de ser una mansión particular a un liceo. El segundo es, precisamente, la desocupación del liceo en 1984.
La Casona ha albergado dos instituciones educativas: el Liceo Luis Razetti, desde 1946 hasta 1967, y luego el Liceo Pablo Acosta Ortiz, desde 1967 hasta 1985. Este último año, el deterioro de las 20 aulas que funcionaban en el inmueble motiva al Ministerio de Educación (ME), al Ministerio de Desarrollo Urbano (Mindur) y a la Fundación para Edificaciones Escolares (FEDE) a construir una nueva sede para el Pablo Acosta Ortiz, en la parte posterior de la mansión. La casa quedó 13 años sola, a merced de indigentes, hasta 1997. En ese lapso fueron robadas las rejas, techos, puertas, ventanas»¦ El abandono de la quinta, que debió seguir funcionando como sede administrativa, la convirtió en un problema”, afirma Rangel.
La intervención y desocupación de La Casona en 1997 fue liderada por la Fundación Integración Familiar, conformada por un grupo de vecinos de La Quebradita. “Antes de este año hubo un intento serio de remodelar la casa de López Contreras, en 1992. Se elaboró un proyecto, hubo planes y se asignó un presupuesto, pero no fue ejecutado por las condiciones sociopolíticas del país.
En 1998 un grupo de habitantes del sector se organizó y decidió asumir la tarea de desalojar el recinto. Esta fundación consiguió recursos a través de la alcaldía de Caracas y restauró parte de la mansión. Sin embargo, el desconocimiento causó que se hicieran cambios que modificaron su arquitectura neocolonial”, destaca el historiador, quien se refiere al cambio en las bases metálicas de los techos a dos aguas que cubren La Casona.
“Esta misma organización consigue que en 2001 la Fundación para el Rescate del Patrimonio Histórico (Fundapatrimonio) anuncie la restauración de las dos quintas de la finca La Quebradita —María Teresa, habitada primero por López Contreras y luego por Medina Angarita, y Las Mercedes—. Pero este proyecto no se cumplió”, asevera Rangel, quien también es vecino del recinto.
Con la declaratoria de bien cultural no llegó el cuido
“Las constantes denuncias y el seguimiento que comienza a tener el estado de La Casona hace que el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) elabore dos informes, uno en 2004 y otro en 2006, donde señala que el inmueble debe ser desalojado y custodiado. La lucha por proteger la quinta causa que, finalmente, en 2006 sea declarado patrimonio cultural”, cuenta.
No obstante, La Casona de López Contreras estuvo ocupada hasta la década pasada por miembros del colectivo 13 de Abril, y luego fue cedida a la comunidad. Actualmente, el lugar es usado como taller para la elaboración de muebles durante el día, por un grupo de carpinteros del sector; uno de sus cuartos es ocupado por Supra, la compañía de aseo urbano de la Alcaldía de Caracas, y parte de sus instalaciones son usadas también por una capilla religiosa, donde se ofician misas los domingos. En sus antiguos jardines fueron construidos un Centro de Atención Integral y una Sala de Rehabilitación de Barrio Adentro.
“Nada de esto debería ocurrir en un sitio protegido por el IPC. Pero la gente no tiene claro que este es un lugar histórico y ese desconocimiento, aunado a la indiferencia de dueño del lugar hasta 2014, le ha hecho mucho daño al inmueble”, señala Rangel, en referencia al Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) que asume la custodia del recinto el 21 de marzo de 1997, cuando la Procuraduría General de la República (compradora como representante del Estado en 1965, según consta en Documento. Nro. 46, Tomo 1, registrado el 10 de marzo de 1965, ante el Tercer Registro Inmobiliario del Municipio Libertador) le traspasa la propiedad La Casona.
Posteriormente, la liquidación del Inavi origina el traspaso de la propiedad de 770 inmuebles al Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), entre ellos La Casona y el terreno que la rodea, como consta en Gaceta Oficial número 40 660 del 14 de mayo del año de 2015. Desde entonces, el INTU figura como dueño de la quinta.
“Luego del traspaso se emprendió otro proyecto para renovar Las Mercedes. Pero un error en la redacción del certificado obstaculizó el proceso, pues el documento señalaba que el presupuesto se usaría para la creación del Centro de Desarrollo del Poder Popular de la Parroquia El Paraíso, y no para la restauración del inmueble. Desde entonces, no se han gestionado más intentos de reforma”, afirma Rangel.
La alianza IAM Venezuela / El Pitazo intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con la licenciada Dulce Medina, presidenta de Fundapatrimonio, y el Ingeniero Carlos Crespo, encargado del caso en el Ministerio de Vivienda y Hábitat, para contrastar la información difundida en este reportaje, pero no se obtuvo respuesta.
Disputas de vieja data, presupuestos insuficientes
La desocupación total de La Casona ha sido imposible. Tras el desalojo de los indigentes que dormían en ella, en 1997, la comunidad se ha negado a ceder sus instalaciones. Afirman que el lugar debe ser usado para satisfacer las necesidades de los habitantes de La Quebradita, y alegan que pueden servir como talleres para diversos oficios, salones para uso educativo y recreativo, y que en su patio se pueden sembrar alimentos para abastecer a la localidad.
“Nosotros nacimos en La Quebradita y desde que tenemos memoria esta casa ha estado aquí. Por eso queremos restaurarla y conservarla, pero el gobierno se ha comprometido varias veces y no ejecuta el proyecto”, afirma Alexander Flores, carpintero que custodia La Casona durante el día, y que utiliza sus instalaciones para elaborar y guardar muebles. “El último proyecto del que supimos se planteó hace cinco años. Fundapatrimonio le entregó un dinero al Consejo Comunal, pero nunca se hizo nada. Ni sabemos qué pasó con esa plata”.
El presupuesto al que hace mención Flores fue recibido por la Sra. Olga Silva, dirigente del Consejo Comunal Los Vencedores, perteneciente al bloque 2 del urbanismo. Silva asegura que el monto fue motivo de desacuerdos y discusiones por ser insuficiente para la restauración que requería el inmueble. “Eso fue hace cuatro o cinco años, cuando (Hugo) Chávez no se nos había ido. Nos asignaron más de dos millones de bolívares para la reconstrucción de Las Mercedes, y se nos hizo un adelanto de 800 000. Nosotros queríamos acomodarla para usarla como la Casa del Poder Popular, pero otro vecino que es historiador quería que se reparara de acuerdo a la época de López Contreras, y eso costaba mucho dinero. Nosotros trajimos a un ingeniero para que evaluara esa opción, pero solo elaborar el proyecto nos costaba más de treinta millones. Sin mano de obra, ni materiales ni nada. Entonces lo dejamos así. Nosotros tenemos ese dinero en la cuenta todavía, y lo vamos a devolver”, afirma la dirigente vecinal.
Pese a las inquietudes de los habitantes de La Quebradita, Luis Rangel afirma que una restauración acorde a los estatutos del IPC beneficiaría a toda la comunidad. “Este inmueble es un recurso valiosísimo, que al ser rescatado causará sin duda un impacto positivo en su entorno inmediato y en la parroquia El Paraíso, el municipio Bolivariano Libertador y la región capital. Este bien de interés cultural es un fiel y silente testigo de las transformaciones que este sector ha experimentado hasta el presente como espacio urbano donde se encuentran la historia nacional, regional de Caracas y la historia local de La Quebradita”.
¿Quién es el responsable?
La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (promulgada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4623, del año 1993) establece que el Instituto del Patrimonio Cultural es el órgano competente del Estado, adscrito luego al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y encargado de ejercer la rectoría de las acciones que se deben realizar, o no, sobre el patrimonio cultural en el ámbito nacional.
El arquitecto Pablo Ballini, director de la Oficina de Protección Integral del IPC, afirmaba en un artículo publicado por el portal del despacho ministerial que los organismos regionales y locales están supeditados a lo que determina el IPC en sus lineamientos, políticas y procedimientos para intervenir el patrimonio. “El IPC considera fundamental que los organismos regionales acaten las disposiciones de ley en cuanto a planificación y coordinación de las intervenciones al patrimonio construido, así como, las recomendaciones técnicas que sean necesarias en cada caso”, afirma, y coincide con Rangel en la importancia de conservar la arquitectura original de los inmuebles.
“No se logra nada con promover la demolición de casas, por un ‘supuesto estado de ruina’. Para ello existen procedimientos técnicos específicos y profesionales para rescatarlas. Lo que se debe hacer es ponerse en sintonía, entender lo que significa y empezar a rescatar. Lo contrario es una visión simplista, que denota un profundo desconocimiento del tema, y que nos lleva entre otras cosas a perder el poco patrimonio cultural construido que nos queda”.
Fuentes consultadas
Flores, Alexander. Carpintero y ocupante de La Casona. Entrevista realizada el 5 de febrero de 2018.
Rangel, Luis. Comunicador Social y Educador. Aspirante a doctorado en Patrimonio Cultural. Entrevista realizada el 6 de marzo de 2018.
Pablo Ballini. La rectoría del patrimonio cultural la ejerce el IPC por mandato de ley. En ministeriodelacultura.gob.ve, https://goo.gl/unEUVF. Consultado el 25 de febrero de 2018.
Silva, Olga. Dirigente del Consejo Comunal Los Vencedores, del Bloque 2 de La Quebradita, San Martín. Entrevista realizada el 5 de marzo de 2018.
Rangel, Luis. 17 años de negligencia del Inavi mantiene el grave deterioro de La Casona de López Contreras. En clopezcontreras.blogspot.com, 19 de septiembre de 2014. https://goo.gl/7g4Lkj. Consultado el 23 de febrero de 2018.
Rangel, Luis. La Casona López Contreras habla de la historia reciente. En Revista Memorias de Venezuela, N° 45, p. 36 y 37. Caracas, marzo de 2017.
Be the first to comment